Jalil rechazó la baja de la edad de imputabilidad y propuso fortalecer la jornada escolar completa

El gobernador de Catamarca sostuvo que la medida impulsada por la Nación no es eficaz para combatir el delito juvenil y remarcó que la inversión en educación genera mejores resultados a largo plazo.

El gobernador Raúl Jalil se manifestó en contra de la baja de la edad de imputabilidad impulsada por el Gobierno Nacional y aseguró que no se trata de una herramienta eficaz para abordar el delito juvenil. En ese sentido, consideró que una política pública más efectiva es la inversión en la jornada escolar completa, especialmente en contextos de vulnerabilidad social.

El mandatario provincial explicó que esta postura ya fue comunicada a funcionarios nacionales y se apoya, entre otros fundamentos, en que la participación de menores de 16 años en delitos graves es mínima. Además, advirtió sobre el colapso que atraviesa el sistema penitenciario y cuestionó que la respuesta del Estado se centre en el encarcelamiento de adolescentes.

“La baja de la edad de imputabilidad no es eficaz”, sostuvo Jalil, al tiempo que adelantó que el Gobierno de Catamarca buscará avanzar durante 2026 en la implementación progresiva de la jornada escolar completa como una política preventiva y de inclusión.

La discusión se da en el marco del proyecto presentado por el Ejecutivo nacional al Congreso, que propone fijar en 14 años la edad mínima de responsabilidad penal, con una pena máxima de 15 años de prisión para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro. La iniciativa también contempla sanciones alternativas a la privación de la libertad para delitos menores y establece que el encarcelamiento sea un recurso excepcional.

Qué dicen los libertarios en Catamarca

En el ámbito provincial, el debate fue impulsado por el juez de la Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil, Rodrigo Morabito, quien publicó una carta abierta dirigida al presidente Javier Milei. En el texto, cuestionó el enfoque punitivo del proyecto y advirtió que el Estado suele llegar tarde a la vida de los adolescentes, casi siempre a través del castigo.

La carta tuvo repercusión nacional y fue respaldada públicamente por el concejal libertario Diego Figueroa, quien sostuvo que un adolescente que comete delitos tiene derecho a que el Estado le enseñe normas de conducta que le permitan reinsertarse en la sociedad. No obstante, también criticó la ausencia estatal y afirmó que el sistema no puede “romantizar el crimen juvenil”.

Figueroa citó la Constitución Nacional para señalar que las cárceles deben tener como finalidad la reincorporación social y remarcó que, si el sistema penitenciario no cumple ese objetivo, se trata de una discusión distinta.

En tanto, el diputado provincial Francisco Monti expresó una postura favorable a ampliar la responsabilidad penal de los menores y compartió los argumentos de su padre, el exfiscal federal Víctor Manuel Monti, quien sostuvo que corresponde a los jueces evaluar caso por caso la capacidad del menor para comprender la gravedad del delito y definir la pena adecuada dentro del marco legal.