Con ATRAAC presente, la CGT resolvió un llamado a movilización el 1° de mayo y un paro general el 9 de mayo

Actualidad 11 de abril de 2024 Por Sec. Información general

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Después de la reunión de su Consejo Directivo, realizada durante la tarde de este jueves, la Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó la convocatoria a un segundo paro general contra el Gobierno de Javier Milei para el próximo 9 de mayo. La medida de fuerza se ratificó, aún después de que en las últimas horas el oficialismo recibiera en Casa Rosada a representantes de la central obrera por primera vez desde el inicio de su gestión.

Los dirigentes gremiales también resolvieron hacer una movilización para el 1° de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, en protesta contra la ofensiva política y económica del Gobierno, que incluyen miles de despidos en el sector público, un proyecto de reforma laboral que se incluyó en la nueva versión de la llamada Ley Ómnibus y la restitución del Impuesto a las Ganancias para cientos de miles de trabajadores, como parte del capítulo fiscal del citado proyecto de ley. La movilización será a Plaza de Mayo y se anticipa una importante apuesta por su masividad.

La decisión fue debatida por el Consejo Directivo cegetista a partir de las 14.30, en una reunión que se llevó a cabo en la histórica sede de calle Azopardo. Según trascendió, la propuesta de convocar el paro el 9 de mayo fue la posición de un sector más “dialoguista” de la central obrera, que busca medir primero la respuesta de las bases gremiales en la movilización del 1° de Mayo, una semana antes del paro general.

En el encuentro entre la CGT y funcionarios de primera línea del Gobierno, como el jefe de gabinete Nicolás Posse; el ministro del Interior Guillermo Francos y el secretario de Trabajo Julio Cordero, ya la dirigencia gremial había anticipado la posibilidad de sostener la medida de fuerza, más allá de abrir algún canal de diálogo en torno a la “modernización laboral”. Como temas irresueltos, que perpetuaron la tensión, se ubicaron los despidos y la política oficial de demorar la homologación de ciertas paritarias, que en muchos casos siguen pisados por órdenes del ministro de Economía Luis Caputo

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